La frase circula desde hace años como chiste de informáticos: no existe la nube, es el ordenador de otro. Como todos los chistes que duran, señala algo real.
No escribo esto en contra de los servicios en la nube. Los uso, funcionan y han resuelto problemas que antes costaban mucho dinero y mucho personal. Escribo porque creo que hemos pasado de una fase de resistencia injustificada a otra de adopción acrítica, y ninguna de las dos ayuda a decidir bien.
Lo que efectivamente se gana
Conviene ser justo. Para una organización mediana, mantener infraestructura propia significa comprar hardware que se queda obsoleto, dimensionar para el pico, tener personal capaz de responder a las tres de la mañana y afrontar cada renovación como un proyecto.
Los servicios gestionados quitan todo eso. La elasticidad es real, la disponibilidad que ofrecen es superior a la que consigue la mayoría de los centros de datos propios, y la capacidad de arrancar algo en horas en lugar de en meses cambia la forma de trabajar.
Quien defienda lo contrario no ha gestionado nunca una sala de servidores.
Lo que se delega sin decirlo
El problema no está en el modelo. Está en lo que se transfiere y no se contabiliza.
La capacidad de negociar. Los costes iniciales son bajos y el poder de negociación disminuye con el tiempo, según crece el volumen de datos y la integración. Cuando llega la revisión de precios al cabo de unos años, las alternativas reales son escasas.
El conocimiento. Al externalizar la operación, se deja de tener gente que entiende cómo funciona aquello por dentro. Es una consecuencia lógica y tiene un efecto: se pierde la capacidad de evaluar críticamente lo que el proveedor propone, y con ella la de negociar.
El control del calendario. El proveedor decide cuándo se actualiza, qué funcionalidad se retira y qué cambia en la interfaz. Para una administración con obligaciones de continuidad y con procedimientos ligados a normativa, no es un detalle menor.
La reversibilidad. Esta es la que más me preocupa. La pregunta correcta no es cuánto cuesta entrar, sino cuánto costaría salir. Y muy pocos contratos se firman habiendo calculado eso.
El caso público
En una empresa privada, todo lo anterior es una decisión de riesgo y coste. En una administración pública hay algo más.
Los datos que gestiona una administración no son suyos: son de la ciudadanía, y en muchos casos se recogieron bajo obligación legal. Nadie eligió entregar sus datos fiscales o sanitarios. Esa asimetría impone un deber de custodia distinto del que tiene una empresa con sus clientes.
Además hay una cuestión de soberanía que no es retórica: la capacidad de una administración de prestar sus servicios no debería depender de decisiones tomadas en otra jurisdicción, con otro marco legal y sin ningún mecanismo de rendición de cuentas ante los afectados.
Esto no implica rechazar la nube. Implica que la decisión debe ser explícita, documentada y con las salvaguardas correspondientes, en lugar de deslizarse por defecto porque era lo que ofrecía el pliego.
Las preguntas que haría
¿Qué pasa si el proveedor duplica el precio en la próxima renovación? ¿Cuál es el plan y cuánto costaría ejecutarlo?
¿Podemos recuperar nuestros datos en un formato utilizable, y lo hemos probado alguna vez de verdad?
¿Qué parte de nuestro servicio deja de funcionar si ese proveedor tiene una caída de ocho horas? ¿Y de tres días?
¿Queda alguien en la casa capaz de entender técnicamente lo que estamos contratando?
Ninguna de estas preguntas es un argumento en contra. Son las que convierten una externalización en una decisión y no en una deriva.
Lo que suelo recomendar
Nube para lo elástico, lo estándar y lo que no es crítico. Cautela con lo que constituye el núcleo del servicio público y con lo que contiene datos especialmente sensibles.
Y sobre todo: conservar dentro la capacidad de entender lo que se contrata. Es lo más barato de mantener y lo primero que se recorta.